La Ley 962 de 2005 dicta normas para la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos en entidades estatales y particulares con funciones públicas. Busca facilitar la interacción de los ciudadanos con la administración pública, limitando la exigencia de permisos y requisitos a los previstos en la ley y estableciendo procedimientos claros para la adopción de nuevos trámites.